Registro Histórico de la Sede

El Artículo 80 de la Ley Nº 18.446 dispone que “El Poder Ejecutivo afectará como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará”.

En el marco de los actos reparatorios del Estado uruguayo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, el 21 de marzo de 2012, por resolución del Poder Ejecutivo, se afectó el edificio ocupado por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) como sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

El edificio, sito en la calle Bulevar Artigas 1488-92 casi Palmar fue, durante la última dictadura cívico-militar, sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID): un centro operativo utilizado para la detención clandestina de ciudadanos uruguayos y argentinos, en el marco del “Plan Cóndor”. En ese lugar estuvieron detenidas María Claudia García Iruretagoyena y su hija Macarena Gelman.

La Resolución del Presidente de la República, EC/548 de 9 de enero de 2012, afectó el inmueble empadronado con el número 27.161 en la localidad catastral de Montevideo, con una superficie de 1867.68 m². El 26 de julio de 2012, el Consejo Directivo firmó el acta de cesión del edificio, en Presidencia de la República.

Más allá de los espacios que han sido especialmente señalizados como símbolos de memoria, el Consejo Directivo desea que todo el edificio cobre carácter emblemático en pro de la defensa, promoción, protección y educación de los derechos humanos.

La sede necesita importantes refacciones y reciclaje para ser ocupada. El Consejo Directivo ha explorado diversos caminos para proceder a la concreción de la obra. Se entrevistó con el Servicio de Arquitectura de la Comisión Administrativa del Parlamento, autoridades y equipo técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para evaluar la posibilidad de un convenio. También inició un proceso con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, a los efectos de determinar el carácter y la magnitud de las reparaciones y acondicionamientos indispensables para la rápida ocupación del edificio. A partir de acuerdos con autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Ministerio de Vivienda, la ANV realizó una propuesta de refacción.

El Consejo Directivo tiene en su horizonte la construcción de un proyecto para que la casona se convierta en un lugar abierto a quien a ella desee llegar; un punto de referencia de los derechos humanos para todo el país. Es deseable un espacio para ofrecer a la ciudadanía, a las instituciones, lugares de reunión, de formación e información, de cultura. Se proyecta desarrollar espacios para usos múltiples y específicos también; entre ellos, un centro de documentación y biblioteca de alto estándar.

En tanto la sede no ha podido ser ocupada, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha debido funcionar en espacios transitorios. Este espacio lo constituyeron inicialmente  dos despachos de legisladores, que fueron cedidos por Bancadas partidarias, y que estaban ubicados en el segundo piso del Edificio “José Artigas”, anexo del Palacio Legislativo. En estas oficinas de reducidas dimensiones y escaso equipamiento, en relación a sus funciones y competencias, funcionó y sesionó el Consejo Directivo, a la vez que el equipo técnico y administrativo se fue integrando a la Institución Nacional de Derechos Humanos hasta junio de 2013.

Actualmente, la Institución funciona en un apartamento arrendado en la zona del Centro – Ciudad Vieja  de Montevideo, sito en la calle Juncal 1355, piso 10, Edificio Torre Mayor.